Renson Said
El miércoles 4 de junio de 2003 fue asesinado en la avenida sexta entre calles 12 y 13, muy cerca de la Gobernación, el poeta y líder político Tirso Vélez. El asesinato fue ordenado por Salvatore Mancuso. Antes de su asesinato Tirso había pedido protección del DAS pero le fue negada. Antes de su asesinato el general Agustín Ardila, comandante de la Brigada Móvil No 2, lo acusó de hacerle guiños a la guerrilla a través de sus versos (los militares no entienden de poesía) y antes de su asesinato, el general Harold Bedoya lo acusaba de terrorista, simplemente porque en vez de militares, Tirso pedía maestros para Tibú.
Mancuso no sólo ha confesado este crimen sino que ha dicho que pagaba mil millones de pesos mensuales a la policía para garantizar la colaboración de las autoridades en la zona petrolera del Catatumbo. Dijo también que actuaba en sociedad con funcionarios de las administraciones locales, señaló a la fiscal Ana María Flórez como una informante que le suministraba datos de funcionarios que para ella eran auxiliadores de la guerrilla y que luego aparecían asesinados. Confesó haber ordenado el asesinato de la fiscal María del Rosario Silva Ríos y 336 crímenes más. Mancuso actuaba con la complicidad de militares y políticos de Norte de Santander. Esta complicidad permitió las masacres en La Gabarra en 1999, en la vereda Los Cuervos, Barrancas y Kilómetro 42, Villa del Rosario, El Tarra y en el área metropolitana de Cúcuta. Y también, según testimonio del propio Mancuso, permitió que Ramiro Suárez llegara a la Alcaldía de Cúcuta.
Son muchos los crímenes de los paramilitares en Norte de Santander. Según cálculos de la policía entre 1999 y 2004 fueron asesinados 5. 200 personas, la mayoría por el Bloque Catatumbo de las AUC. Esto produjo más de 100 mil desplazados y 11.200 asesinatos en otras zonas del departamento. Hace falta que las investigaciones que se están adelantando digan qué participación han tenido en la expropiación de tierras que ahora son usadas para cultivos de palma aceitera figuras como Pedro y Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Jorge García Herreros, Eduardo Benítez, Carlos Augusto Celis y Carlos Barriga.
Porque aquí todo el mundo sabe que el paramilitarismo enriqueció a mucho político, desestabilizó las instituciones, corrompió la justicia y sembró el terror en la ciudadanía. Creó la ilusión de progreso. Un falso progreso. Porque Cúcuta no puede avanzar desde el punto de vista urbano si a la vuelta de sus imponentes centros comerciales siguen asesinando a la gente. El progreso levantado sobre una pila de muertos no es progreso.
El asesinato es lo contrario al progreso. El asesinato de Tirso Vélez, de Edwin López, de Gerson Gallardo, de Carlos Bernal, de tantos jóvenes y campesinos y estudiantes y jornaleros, no puede quedar en la impunidad. Y digo todo esto porque la marcha del próximo 6 de marzo es un homenaje a ellos, a las víctimas de las autodefensas. Y de alguna manera, un escupitajo a alianza politico-paramilitar que convirtió a Cúcuta en un inmenso cementerio.
El miércoles 4 de junio de 2003 fue asesinado en la avenida sexta entre calles 12 y 13, muy cerca de la Gobernación, el poeta y líder político Tirso Vélez. El asesinato fue ordenado por Salvatore Mancuso. Antes de su asesinato Tirso había pedido protección del DAS pero le fue negada. Antes de su asesinato el general Agustín Ardila, comandante de la Brigada Móvil No 2, lo acusó de hacerle guiños a la guerrilla a través de sus versos (los militares no entienden de poesía) y antes de su asesinato, el general Harold Bedoya lo acusaba de terrorista, simplemente porque en vez de militares, Tirso pedía maestros para Tibú.
Mancuso no sólo ha confesado este crimen sino que ha dicho que pagaba mil millones de pesos mensuales a la policía para garantizar la colaboración de las autoridades en la zona petrolera del Catatumbo. Dijo también que actuaba en sociedad con funcionarios de las administraciones locales, señaló a la fiscal Ana María Flórez como una informante que le suministraba datos de funcionarios que para ella eran auxiliadores de la guerrilla y que luego aparecían asesinados. Confesó haber ordenado el asesinato de la fiscal María del Rosario Silva Ríos y 336 crímenes más. Mancuso actuaba con la complicidad de militares y políticos de Norte de Santander. Esta complicidad permitió las masacres en La Gabarra en 1999, en la vereda Los Cuervos, Barrancas y Kilómetro 42, Villa del Rosario, El Tarra y en el área metropolitana de Cúcuta. Y también, según testimonio del propio Mancuso, permitió que Ramiro Suárez llegara a la Alcaldía de Cúcuta.
Son muchos los crímenes de los paramilitares en Norte de Santander. Según cálculos de la policía entre 1999 y 2004 fueron asesinados 5. 200 personas, la mayoría por el Bloque Catatumbo de las AUC. Esto produjo más de 100 mil desplazados y 11.200 asesinatos en otras zonas del departamento. Hace falta que las investigaciones que se están adelantando digan qué participación han tenido en la expropiación de tierras que ahora son usadas para cultivos de palma aceitera figuras como Pedro y Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Jorge García Herreros, Eduardo Benítez, Carlos Augusto Celis y Carlos Barriga.
Porque aquí todo el mundo sabe que el paramilitarismo enriqueció a mucho político, desestabilizó las instituciones, corrompió la justicia y sembró el terror en la ciudadanía. Creó la ilusión de progreso. Un falso progreso. Porque Cúcuta no puede avanzar desde el punto de vista urbano si a la vuelta de sus imponentes centros comerciales siguen asesinando a la gente. El progreso levantado sobre una pila de muertos no es progreso.
El asesinato es lo contrario al progreso. El asesinato de Tirso Vélez, de Edwin López, de Gerson Gallardo, de Carlos Bernal, de tantos jóvenes y campesinos y estudiantes y jornaleros, no puede quedar en la impunidad. Y digo todo esto porque la marcha del próximo 6 de marzo es un homenaje a ellos, a las víctimas de las autodefensas. Y de alguna manera, un escupitajo a alianza politico-paramilitar que convirtió a Cúcuta en un inmenso cementerio.
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